El Parlamento Europeo ha votado a favor de poner fin a la venta de coches de gasolina y diésel para 2035, derrotando los intentos de los legisladores de centro-derecha de debilitar el objetivo.
Los legisladores celebraron una importante victoria para el clima tras una intensa jornada de votaciones sobre un conjunto de leyes que conforman el acuerdo verde de la UE, la principal respuesta del bloque a la crisis climática.
Pascal Canfin, eurodiputado centrista francés que preside la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, dijo que poner fin a la venta de coches con emisiones nulas era «una decisión histórica que nos llevará a una nueva era de neutralidad climática. Es una victoria importante».
Los eurodiputados aún tienen que negociar la ley definitiva con los ministros de los 27 gobiernos nacionales de la UE. Sin embargo, el voto del Parlamento aumenta la presión sobre los gobiernos para que pongan fin claramente al motor de combustión interna en el mercado único de la UE de 447 millones de personas. Los eurodiputados rechazaron una enmienda de centro-derecha que habría excluido al 10% de los coches del plazo de 2035.
A primera hora del día, el Parlamento Europeo rechazó, por considerarlo demasiado débil, un punto central del plan de la UE para combatir la emergencia climática, después de que los eurodiputados de centro-derecha intentaran diluir propuestas clave.
Los eurodiputados votaron en contra de una propuesta de revisión del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) que pretendía frenar la contaminación de las centrales eléctricas y las fábricas.
Los eurodiputados verdes y socialdemócratas votaron en contra del texto del ETS, diciendo que se habían impuesto a «la alianza fósil». El centro-derecha acusó a estos eurodiputados de ponerse del lado de la extrema derecha anti-climática.
El rechazo a los cambios en el régimen de comercio de derechos de emisión provocó el aplazamiento de dos votaciones relacionadas: una controvertida tasa fronteriza sobre el carbono que impondría costes a las importaciones extranjeras de hierro, acero, cemento y otros productos contaminantes; y un «fondo social para el clima», cuyo objetivo es proteger a los hogares más pobres del coste de las mejoras en la eficiencia energética.
Las propuestas de ley se enviarán ahora a la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo, órgano encargado de encontrar un compromiso entre los grupos políticos.
Las tres leyes forman parte de una respuesta más amplia de la UE a la crisis climática, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para finales de la década.
Los eurodiputados deben iniciar las negociaciones con los funcionarios de los Estados miembros, la etapa final para convertir las promesas del acuerdo ecológico de la UE en requisitos jurídicamente vinculantes. Pero el calendario se ha puesto en duda.
Las votaciones se produjeron tras las recientes advertencias de los científicos de que los niveles de dióxido de carbono son ahora un 50% más altos que durante la era preindustrial y que un calentamiento global de más de 1,5C provocaría un impacto catastrófico por el empeoramiento de las olas de calor, tormentas, sequías e inundaciones.
El régimen de comercio de derechos de emisión, creado en 2005, es una de las políticas emblemáticas de la UE para reducir los gases de efecto invernadero. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo había propuesto que los sectores industrial y energético cubiertos por el RCCDE redujeran sus emisiones en un 67% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. La Comisión Europea propuso una reducción del 61%.
En el Parlamento Europeo aseguran que el tiempo que falta hasta 2035, es suficiente para que los fabricantes se adapten a la nueva normativa. Casi todos los fabricantes ya disponen de algún vehículo eléctrico, pero el problema puede estar en las pocas estaciones de recarga que existen en Europa.
El gobierno de cada nación perteneciente a la UE, deberá instalar su cuota de estaciones de carga.
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